PROVINCIALES
La demanda de Santa Cruz ante la Corte, lleva la voz de la Patagonia
22 de agosto de 2018
El amparo de Santa Cruz contra el Estado nacional entró ayer a la CSJN y advierte sobre la pérdida de puestos laborales y más de 400 millones para el año que viene. Uno de los planteos centrales es: Si el Fondo se creó con la firma de todas las provincias, no puede sólo la Nación darlo de baja.

La demanda entró bajo el Número 001618/2018, con las firmas del fiscal de Estado de la Provincia, Pablo Tanarro y de la abogada del estado santacruceño, Graciana Peñafort. El documento sostiene que la magnitud del daño que genera la eliminación del fondo sojero “llevaría a la paralización de decenas de obras públicas afectando la actividad productiva e industrial”, una pérdida que “no sólo sería económica, sino social” y que “implicaría un trascendente retroceso en la política poblacional”, advierte.

En el amparo, Santa Cruz le reclama a los jueces de la Corte que de no tomar una medida frente a la decisión “arbitraria e ilegal” de Mauricio Macri, “podría tirar por la borda años de arduo trabajo y sacrificio por parte de los gobiernos provinciales y municipales patagónicos”.  

Tal como se anticipó, el pedido de que se decrete la nulidad del DNU que firmó el presidente de Cambiemos el 14 de agosto, cuando eliminó el Decreto Nº206 del 19 de marzo de 2009 que creó el Fondo Federal Solidario, para que el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación fuesen coparticipados a las provincias, y a su vez a los municipios. 

El DNU de Macri “es nulo de nulidad absoluta” entre otras cosas por los “graves vicios” porque “no se ajusta a la verdad” cuando intenta justificar cuál era la “necesidad” y la “urgencia” para tomar semejante decisión esquivando al Congreso Nacional. 

Entre sus excusas, Cambiemos habla de “eliminar el Fondo Federal Solidario en miras a brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles”. Sin embargo, para Santa Cruz no puede de forma unilateral derogarse porque su creación es federal. Esto es; se armó entre todos, y se desarma entre todos. 

Como si fuera poco “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” se lee en el amparo, que agrega: “¿A qué presidente puede interesarle el resto de la Constitución si tiene esas dos herramientas, los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, para enfrentar la emergencia y para regular casi cualquier materia?”  

La demanda echa manos también a argumentos políticos con mirada social sobre el Estado cuando dice que “el deber primigenio de todo gobierno en el marco de sus propias jurisdicciones es procurar el bienestar general de la población a través de la promoción de obras que tiendan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”, algo que se afecta “suprimiéndose el envío de fondos que ya se encuentran incluidos en los respectivos presupuestos, y que tienen por finalidad concretar obras que tiendan a mejorar la salud y educación de la población de la provincia”.  

Sucede que la Provincia y los municipios que se quedan sin estos recursos “pierden las herramientas que se les ha brindado para promover el bienestar de sus habitantes y que en cada caso particular, por las especiales características geográficas, climáticas, históricas y demográficas requieren de medidas que fomenten la economía y en diversos puntos de la República”.  

Así tenemos que “durante el trascurso del año 2018 y hasta el 15 de agosto la Provincia recibió en concepto de Fondo Federal Solidario la suma de 255 millones, estimando unos 145 más hasta fin de año. Para el año 2019 se esperaba una cifra no menor a los 500 millones”, datan.  

El amparo habla de la afectación que la decisión de Cambiemos trae para la “promoción del establecimiento de nuevas industrias en las provincias” y la obligación de la Nación en promover políticas diferenciales “que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, y proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la generación de empleo, al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio”.  

Para el Gobierno santacruceño, el decreto “llevará a la paralización de obras previstas para mejorar la calidad de vida, y consecuente pérdida de puestos laborales”, pero también es un reflejo del “cambio repentino e irrazonable, inhibiendo las transferencias de los aportes concertados”. 

Y es que el Fondo Solidario Federal “es una herramienta de trascendental importancia para las provincias, ya que se destina a financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o rurales”.   

Según los datos que proporciona la Federación Argentina de Municipios, que son corroborados por el Ministerio de Economía, Finanzas e infraestructura de la Provincia de Santa Cruz, la eliminación del Fondo Federal Solidario, significará una perdida superior a los 10 mil millones de pesos para lo que resta de 2018, y aproximadamente 41 mil millones para el año entrante. 

“El Fondo Federal Solidario, dentro de la estructura de financiamiento de las provincias, revestía importancia para el financiamiento de gastos de capital de cada provincia. En el caso de Santa Cruz es el de proporción más extrema (según datos de 2016 y 2017) ya que revestía el 63,6%”. (Por: Sara Delgado – Tiempo Sur)

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