Río Gallegos

12 de diciembre

AFJP, otra vez

El ajuste sobre las jubilaciones por el cambio de la fórmula de movilidad previsional es el segundo paso hacia una reforma más amplia que conducirá al regreso de las AFJP. El primer paso lo dio el Gobierno el año pasado con la Ley de Reparación Histórica, al cargar sobre el sistema compromisos de pago sin fuentes de financiamiento para solventarlos. La consecuencia de esa decisión será la liquidación paulatina del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que aseguraba su solvencia intertemporal. Así lo reconoce el organismo en documentos internos. La rebaja de contribuciones a la seguridad social que impulsa el macrismo en la nueva reforma tributaria provocará el mismo efecto de vaciar la caja para el pago de jubilaciones. El Pacto Fiscal que redistribuye fondos de la coparticipación impositiva entre la Nación y las provincias presenta igualmente como víctima al presupuesto de la Anses. En resumen, una batería de medidas lanzadas por el Gobierno tiende a un desfinanciamiento acelerado de las arcas previsionales. El mensaje a la ciudadanía es que no hay plata suficiente para pagar jubilaciones. “El sistema es cada vez más deficitario”, sostiene el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Por lo tanto, concluye el Gobierno, lo que corresponde es achicar gastos. La acción concreta bajo esa lógica es la modificación de la fórmula de movilidad para disminuir la actualización de haberes. En marzo próximo, en lugar de un incremento del orden del 12 por ciento, los titulares de derechos de la seguridad social recibirán un 5,7. Para la jubilación mínima eso significan 455 pesos menos, ya que ese haber quedará en 7660 pesos en lugar de los 8115 que hubieran correspondido.

Un gobierno con tantos empresarios no podía imaginar una publicidad peor para el sistema público de jubilaciones que advertir que los fondos no alcanzan y que las prestaciones serán cada vez más bajas. Salvo que la campaña sea justamente para ahuyentar aportantes, induciendo su traspaso a un sistema privado que no tardará en reaparecer. No es una estrategia novedosa en la historia reciente. Los argentinos ya la han visto en la dictadura cuando se pasaban spots por televisión para alertar sobre la mala calidad de los productos de la industria nacional y recomendar la compra de bienes importados. O con Bernardo Neustadt machacando con la muletilla del déficit de un millón de pesos por día de los ramales ferroviarios en manos del Estado, en tiempos de Carlos Menem, para defender la privatización. Domingo Cavallo hizo lo mismo en los ‘90 contra las jubilaciones de reparto. Impulsó leyes para desfinanciar las cajas previsionales –como la rebaja de contribuciones a la seguridad social, igual que ahora–, congeló los haberes por tiempo indefinido y diseñó un esquema que concluía en la desaparición del régimen público y solidario. El fracaso de su plan terminó por eyectarlo a él antes de que las jubilaciones estatales terminaran de extinguirse. La acción decidida de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner permitió revertir una crisis que parecía terminal. Cuando la ex presidenta dejó el poder en diciembre de 2015, la cobertura previsional había saltado del 65 al 97 por ciento, con más de tres millones de personas incluidas a través de las moratorias, el FGS había crecido de 44 mil millones de pesos que dejaron las AFJP a 700 mil millones, quedó la herencia de una ley de movilidad que le ganó ampliamente a la inflación –los aumentos entre 2009 y 2017 fueron del 950 por ciento, contra el IPC de las consultoras privadas que arrojó 690 por ciento– y habilitó la utilización de los ahorros de la Anses para potenciar el crecimiento económico –se financiaron los planes Procrear, centrales eléctricas y el tendido de rutas, entre otros– y se generaron créditos al consumo para jubilados a tasas subsidiadas.

La Ley de Reparación Histórica de 2016 fue el primer movimiento en contra de esa tendencia de recuperación de la jubilación pública. Lo hizo al habilitar aumentos para 1,2 millones de jubilados –el Gobierno decía que serían el doble, y ahora estima un máximo de 2 millones– sin garantizar fuentes de financiamiento, lo que derivará, como se mencionó al comienzo, en la liquidación del FGS. El sistema paga prestaciones a más de 6,5 millones de jubilados, por lo cual para mejorar la situación de una cuarta parte de ellos se compromete el futuro de todos. Por supuesto que no es responsabilidad de los compensados, sino del diseño de políticas por parte del Gobierno que nunca tuvieron la intención de salvaguardar el régimen de reparto. Por como siguieron los hechos, ahora se confirman las advertencias de entonces de que la Reparación Histórica no era más que un Caballo de Troya para entrar a destruir el sistema estatal y solidario.  

La reducción del presupuesto de la Anses que sigue con el Pacto Fiscal y la reforma tributaria agudiza el problema. Pero eso no es todo. La segmentación de prestaciones que configura la reforma previsional, con la garantía del 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil para un tercio de quienes cobran ese haber, y la creación el año pasado de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) establecerá un sistema con jubilados de segunda, de tercera y de cuarta categoría:

* Son de cuarta los hombres y mujeres que no completan los 30 años de aportes para acceder a una jubilación plena. Para ellos queda la PUAM, a la cual se accede a los 65 años para ambos sexos –significa para las mujeres un aumento de cinco años de la edad de retiro, ya que antes podían jubilarse a los 60 a través de las moratorias– y representa el 80 por ciento de la jubilación mínima. Hoy son 5797 pesos, ya que el haber mínimo está en 7246 pesos. Además, la PUAM no da derecho a pensión cuando fallece el titular.

* De tercera serán los jubilados que se retiren sin haber completado 30 años de aportes efectivos. Esta última palabra es clave. Así lo remarca el proyecto del Gobierno que anteayer obtuvo dictamen en el Senado, en acuerdo con el sector del peronismo que encabezan los gobernadores y tiene a Miguel Angel Pichetto como principal operador. ¿Qué significa que los aportes deberán ser efectivos? Que un trabajador al cual le practicaron descuentos de su salario por 30 años pero alguna de las empresas en las que trabajó quedó con deudas con el sistema previsional –porque no efectivizó sus contribuciones como correspondía– no cobrará el 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil, sino una jubilación más baja. Seguramente esto dará lugar a una avalancha de juicios si la ley se aprueba tal como figura en este momento. Pero por ahora el Gobierno los excluye de aquel piso del 82 por ciento del salario mínimo en la redacción de la iniciativa.

* De segunda serán los jubilados que completen los 30 años de aportes y puedan cobrar una prestación plena. Sin embargo, también ellos sufrirán por el recorte de la movilidad que impulsa ahora el Gobierno y que dejará una base de cálculo de aumentos disminuida por la supresión del período semestral de evolución de la inflación y el índice de salarios, el Ripte. En lugar del segundo semestre de 2017, la nueva fórmula tomará el tercer trimestre de este año para el incremento de marzo, achicando el monto del aumento. Además, el Gobierno quiere aplicar la ley de manera retroactiva, cuando en todo caso debería plantear los cambios hacia adelante, luego de cumplir con la actualización de marzo con la ley de movilidad vigente. Por otra parte, a futuro también estos jubilados estarán con la soga al cuello por la liquidación del FGS y la decisión del gobierno de comprimir el presupuesto de la Anses.

Si el mensaje es que no hay recursos suficientes para pagar buenas jubilaciones, los trabajadores actuales sabrán que la única opción para no ser de segunda, de tercera o de cuarta será aportar a un seguro de retiro privado. El Gobierno ya trabaja en su diseño. Lo anunció el año pasado con la aprobación de la Ley de Reparación Histórica. Allí se incluyó la declaración de emergencia previsional –premonitoria, por lo que haría este Gobierno– y la instrucción de preparar una amplia reforma del régimen jubilatorio con plazo para sancionarla hasta 2019. La primera parte de esa transformación es la que se discute ahora en el Parlamento, con el cambio en la fórmula de movilidad, la ampliación “voluntaria” de la edad de retiro hasta los 70 años y la garantía del 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil para quienes tengan 30 años de aportes efectivos. La segunda mitad de la reforma se analiza en una comisión especial que se reúne hace más de un año en la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Allí se redacta un proyecto que segmentará las jubilaciones entre un pilar universal, la PUAM, un segundo pilar para quienes acumulen 30 años de aportes y un tercero, también “voluntario”, para quienes deseen aportar a un seguro de retiro adicional para asegurarse mejores jubilaciones que las que paga el Estado.

Para ser un jubilado de primera, entonces, el Gobierno está pavimentando el camino para el regreso de la oferta extendida de seguros de pensión. Será la vuelta de los negocios privados a la seguridad social, en un esquema donde primará la salida individual y se cristalizará la desigualdad social de la etapa activa en el momento del retiro. Los bancos y compañías de seguro que seguramente se volcarán al negocio atenderán a la crema de los trabajadores formales con salarios medios y altos. Como en el caso del nuevo fútbol para pocos, esas compañías harán publicidad con el concepto de “no te quedes afuera”, y muchos pagarán contentos. Los demás, los que permanezcan solo en el Estado, con un presupuesto previsional desfinanciado, serán de segunda, de tercera o de cuarta categoría. Ese es el plan en marcha: las AFJP, otra vez.

Fuente: Pagina 12 - Por David Cufré

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